Ponen en marcha acciones “por el avance inglés sobre Malvinas”

Los centros de Excombatientes de Ushuaia y Río Grande, la Fundación Malvinas y la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego pusieron en marcha de una serie de acciones, con el propósito de fortalecer el reclamo y la defensa de los derechos soberanos en torno a la cuestión Malvinas.

Se trata de un requerimiento de tratamiento académico a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de la solicitud a senadores y diputados nacionales que garanticen que ningún proyecto de desmembramiento de Tierra del Fuego “tome estado parlamentario”, y que además convoquen de manera urgente al Observatorio Parlamentario Malvinas y a las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras para desmantelar el Acuerdo Foradori-Duncan.
También requieren a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a los fiscales federales en Tierra del Fuego que avancen contra las petroleras alcanzadas por el fallo de la Jueza Lilian Herráez del 27 de junio de 2015, para impedir que Gran Bretaña “extraiga ilegalmente los recursos hidrocarburíferos que contiene nuestra plataforma continental, en torno al archipiélago malvinero”.
Ayer, en conferencia de prensa, las cuatro instituciones anunciaron que le solicitarán a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego “incorpore al ámbito académico la Cuestión Malvinas, en la interpretación que su abordaje impulsará nuevas formas de análisis y evaluación aportando a sus alumnos, a la sociedad, a los actores políticos y a los responsables de llevar adelante las políticas públicas del Estado elementos de jerarquía para la defensa irrenunciable de esta causa soberana”.
Requieren para ello “la puesta en marcha y en el menor tiempo posible, un primer abordaje conjunto de la actual situación de Malvinas para que posteriormente entre el Consejo Académico de la UNTDF, los docentes, alumnos, combatientes y especialistas, podamos debatir contenidos y coincidir en líneas generales de un tratamiento sistémico sobre el cual se pueda estudiar como materia, carrera de grado, y fundamentalmente como especialización, mediante la creación de una diplomatura”.
Las cuatro organizaciones refrendaron además una segunda solicitud dirigida a los senadores nacionales Miryam Boyadjian, Julio Catalán Magni y José Ojeda, y a los diputados Analuz Carol, Martín Pérez, Oscar Martínez, Matías Rodríguez y Gastón Roma, para que “no solo rechacen el proyecto de fragmentación de la provincia de Tierra del Fuego para constituir una nueva bajo la denominación de ‘Malvinas’ con capital en Islas de Los Estados”; sino también que “agoten todas las instancias y garanticen que dicho proyecto jamás tome estado parlamentario”. En carácter propositivo se les pidió que “convoquen a los autores del proyecto a trabajar junto a ustedes y a estos veteranos para fortalecer la necesaria defensa que toda la Nación debe tomar como propia ante las concesiones que el Gobierno nacional le está otorgando al imperio inglés”.
También se les exigió a los ocho parlamentarios “que de manera urgente convoquen a la elección de las autoridades del Observatorio Parlamentario Malvinas e inmediatamente se avoquen a trabajar para desmantelar lo que se puso en marcha el 13 de septiembre del año pasado, a partir del ya indiscutido e inocultable acuerdo Foradori-Duncan, dado que sin ningún fundamento ni justificación dicho Observatorio no tiene actividad desde diciembre de 2015, en momentos en que hoy más que nunca, los argentinos necesitamos del Parlamento y sus institutos. Lo mismo para las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto de ambas Cámaras, donde estos veteranos –en una de ellas-, planteamos en noviembre del año pasado, una férrea oposición a lo que mentirosamente se denominó ‘comunicado conjunto’ entre la Cancillería Argentina y Británica”.
Finalmente y dirigido a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Activos de la Nación, al fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Tierra del Fuego Adrián García Lois y al fiscal Federal de Río Grande Marcelo Rapoport, se hizo un requerimiento para que “arbitren todos los medios e instrumentos legales a su alcance; para que la Causa N° 5183/15 que tramita en la Secretaría Penal N° 1 del Juzgado Federal de Río Grande, caratulada ‘Falklands Oil and Gas Limited (F.O.G.L) y Otros, Sobre Infracción a las Leyes N° 22.415 y 24.051’, del Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande; avance con la celeridad y premura que merece, y de esta manera no solo impidamos en lo inmediato, sino que aseguremos para el futuro de los tiempos; que el Reino Unido de Gran Bretaña jamás pueda extraer ilegalmente –o apañamos por gobiernos genuflexos al imperio inglés- nuestros recursos hidrocarburíferos; invocando falsa soberanía sobre los territorios argentinos que vienen usurpando desde 1833; absolutamente reconocidos por el concierto de las naciones del mundo”.
Los representantes de las instituciones explicaron que la causa 5183/15 se referencia tomó relevancia nacional e internacional a partir del 27 de julio de 2015, toda vez que se trata se la acción judicial llevada a cabo en esa fecha por jueza federal de Río Grande Lilian Herráez; cuando ordenó embargos por 156,4 millones de dólares contra petroleras británicas y estadounidenses denunciadas por explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente entorno a las Islas Malvinas. Secuestrando además, bienes pertenecientes a las compañías Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), Edison Internacional SPA, Noble Energy Inc, Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil PLC y Rochopper Exploration Inc. Toda vez que ninguna de las empresas y medios mencionados, cuentan con las autorizaciones y registros correspondientes del país para operar en nuestras aguas territoriales, contraviniendo lo establecido por la legislación nacional.
Peticionando en consecuencia que informen: 1) acciones llevadas adelante desde el 27 de junio a la fecha y sus resultados, 2) conocer cómo se materializó el embargo y en qué situación se encuentran los bienes secuestrados, 3) qué respondieron las empresas involucradas 4) si acataron o no la manda judicial, 5) si la PROCELAC ha ampliado o aportado nuevos elementos a la CAUSA, 6) si los gobiernos nacionales y provinciales han realizado algún tipo de intervención con el propósito de avanzar, congelar o retroceder con la acción encarada.
Las cinco notas llevan las firmas de los presidentes de los centros de Excombatientes de Ushuaia y de Río Grande, Walter Batista y Roma Alancay; del titular de la Fundación Malvinas, Conrado Zamora; y de Daniel Guzmán por la Federación del Transporte.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

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