La denuncia impráctica del gobierno, tuvo su sentencia en Río Grande, ordenando embargar cuentas y secuestrar las embarcaciones petroleras que exploran en el Mar Argentino. Imposible cumplir la sentencia judicial...

En menos de dos meses, hubo sentencia firme para una causa judicial. La velocidad de la justicia, choca con una realidad ineludible: no es posible hacer cumplir a Londres o Washington la sentencia. Primero porque el embargo ordenado se realizó sobre cuentas fuera del país (sin jurisdicción); segundo porque la retención o secuestro de los buques que están en el Mar Argentino (en caso de que se ordenara a las Fuerzas Armadas a actuar), recibiría respuesta británica provocando un conflicto bélico sin sentido. Además, la juez ordenó el "cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino", ¿cómo será posible cumplir la sentencia si no se utiliza la fuerza pública? ¿Y cómo se cumplirá la misma en un territorio en disputa con una potencia extranjera? La entonces Ministro de Defensa Nilda Garre y por estos días, el actual titular de la cartera de Defensa Agustín Rossi, han afirmado en más de una ocasión que no existe hipótesis de conflicto con Gran Bretaña... entonces ¿para qué se ordenan este tipo de fallos judiciales totalmente imprácticos que solo ocasionan carcajadas en el viejo continente?

Advertimos en notas anteriores que se podría llegar a este ridículo, en donde una sentencia nacional, obligue a Gran Bretaña a algo que Argentina no solo no puede, sino que no quiere hacer. Y ¿por qué no quiere? Porque la denuncia solamente incluyó a empresas constituidas fuera del país, a ningún socio ni colaborador con oficinas y activos en Argentina. Y ello para evitar hacer realmente lo que aparentan ante la prensa: castigar al bolsillo inglés y defender la soberanía argentina.

No hubo denuncias a ninguna de las empresas vinculadas a las petroleras que realizan actividades en nuestro país (que fueron denunciadas y notificadas por este medio de prensa al propio Daniel Filmus quien no respondió a ningún mensaje), las que si se podría haber embargado y sancionado.

Se llegó al ridículo de una sentencia sin cumplimiento efectivo, que solo sirve para colgar en un cuadro o engrosar el currículum de funcionarios del poder político judicial.

Mientras tanto, la soberanía de Malvinas sigue sin ser defendida como corresponde. Usada, bilipendiada como ya está acostumbrada, para animar campañas electorales, o distraer la atención, como si de un partido de fútbol se tratara. Pobre Malvinas, pobre causa nacional manoseada hasta el hartazgo.

• La Justicia embargó por más de 156 millones de dólares a empresas británicas y estadounidenses por la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino, cercano a las Islas Malvinas sin la autorización del Gobierno argentino. Parece que todo se dirime en cuestión de si hubo o no autorización... y el reclamo de la soberanía pasa a un segundo plano.
• La decisión fue tomada por la juez federal de Río Grande, Lilian Herraez (de pasado corrompible en la Justicia), e incluye el secuestro de buques, una plataforma semisumergible y cuentas bancarias. Las firmas sobre la que recayó el embargo fueron las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil y Rockhopper Exploration, las cuales habían sido imputadas penalmente el pasado abril por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas".
• Al no contar con "autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina", el trabajo coordinado de fiscales federales fueguinos, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos derivó en el embargo por 156.432.000 dólares dictado por la juez Herraez.
• Asimismo, la medida también incluye el "secuestro y embargo preventivo" de cinco buques, una plataforma de perforación semisumergible y un dique flotante utilizados para realizar las actividades ilegales de exploración y explotación.
• En su fallo, la magistrada ordenó también el "cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino", lo que se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.
• "La orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país donde se encuentren radicados los activos identificados", informó la Procuración General de la Nación a través de su sitio Fiscales.

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