|
Los cuatro chaqueños
ex combatientes en Malvinas que ayer iniciaron en Buenos Aires un reclamo
dirigido a que la presidenta Cristina Fernández denuncie ante
un tribunal internacional uno de los crímenes de guerra, están
buscando que se respete un derecho establecido por la Convención
de Ginebra, explicó el titular de una entidad que agrupa a ex
soldados.
(Diario Norte).- Fernando Préstamo, de la asociación
civil “Combatientes en Malvinas”, de Capital Federal, respaldó
el pedido que desde hace años enarbolan cuatro chaqueños
que estuvieron en el conflicto bélico del sur y que fueron obligados
a transportar explosivos, tarea en la que sufrieron daños y en
la que además vieron morir a tres compañeros, uno de los
cuales fue directamente fusilado por un sargento británico.
Gestiones en varios frentes
Préstamo, en declaraciones a FM Universidad, dijo que la denuncia
está enmarcada en preceptos de la Convención de Ginebra,
que prohíbe que los prisioneros de guerra sean utilizados para
tareas riesgosas.
El representante de los excombatientes dijo que en su momento se hizo
una presentación ante el Juzgado Federal de Tierra del Fuego
pero que no tuvo avances, y ahora se analiza ver de qué modo
se reactiva el expediente, aunque se optó por avanzar también
con reclamos ante el Congreso y el gobierno nacional.
En el Congreso, dijo, se busca poner en marcha una comisión que
había sido creada por ley para la investigación de crímenes
de guerra, en tanto que en lo que hace al Poder Ejecutivo hubo reuniones
con funcionarios del área de Derechos Humanos, pero se espera
una definición que lleve el caso ante la Corte Internacional
de La Haya.
Los chaqueños en Buenos Aires fueron a la sede de Familiares
de Caídos en Malvinas, donde tomaron contacto con la prensa y
explicaron la terrible historia que les tocó vivir. “Ellos
lo pueden contar y esto está documentado, y hasta hay veteranos
ingleses que contaron esto en libros, como también investigaciones
inglesas que demostraron que este hecho existió. Está
todo dado como para que el Poder Ejecutivo tome el caso y formule la
denuncia ante La Haya para que estos argentinos efectúen su reclamo
y sean considerados sus derechos”, explicó Préstamo.
Lo que pasó
Cuando eran prisioneros de guerra, Raúl Vallejos, Ángel
Urban, Ricardo Pinatti y Ricardo Jackinsuk sobrevivieron a una explosión
que se produjo mientras trasladaban municiones y explosivos, obligados
por soldados ingleses.
El accidente los dejó gravemente heridos, pero los soldados Martín
Flores y Rafael Barrios murieron en el acto y un tercero, José
Ferraú, fue ultimado por un sargento inglés cuando su
cuerpo se estaba quemando con fósforo blanco (napalm).
El traslado de armamento por prisioneros de guerra constituye un crimen
de guerra por estar expresamente prohibido el sometimiento a tareas
riesgosas y por no estar incluido entre las autorizadas por el Convenio
III de Ginebra de 1949. Por otra parte, el asesinato del soldado Ferraú
a manos de un sargento inglés, configura una violación
grave.
La agrupación de ex combatientes dice que la denuncia no prosperó,
“por falta de voluntad política de los tres poderes”,
por lo que reclaman al gobierno nacional que lleve el caso a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirimen este tipo de
delitos.
Tanto Argentina como Gran Bretaña adhieren a los pactos que protegen
derechos de los prisioneros de conflictos bélicos y la violación
a esos acuerdos conlleva además la aplicación de sanciones.
El 1 de junio de 1982, una patrulla de soldados del Regimiento 12 de
Infantería fue obligada a realizar tareas peligrosas bajo amenaza
de pasar la noche a la intemperie, lo que significaba una muerte segura
para todos.
Además de los chaqueños lesionados, también sufrieron
heridas de diversa consideración el subteniente Leonardo Durán,
y los soldados Gerardo Fernández, Luis Espinberger, Hugo Duarte,
Francisco Ocampo y Víctor Rodríguez.
Vallejos y Pinatti denunciaron los excesos de la fuerza inglesa ante
la comisión investigadora de crímenes de guerra del ministerio
de Defensa, en 1994, y junto a Durán, ante el Juzgado Federal
de Río Grande, en 1999.
Hasta el presente, ambas presentaciones de las víctimas no prosperaron
y en consecuencia decidieron solicitar a la presidenta asuma la representación
de los denunciantes para que se dirima ese tipo de violaciones a las
Convenciones de Ginebra.
Noticias relacionadas:
Excombatientes
pedirán a la presidente, denunciar crímenes de guerra
británicos |
|
