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Señora Presidente: la bioética no es un término bonito que sólo sirve para sacarse de la manga cada vez que no podemos salir de nuestras propias trampas conceptuales e ideológicas. La bioética es una disciplina que ayuda a crear una conciencia crítica para apreciar la importancia del valor de la naturaleza en sí misma, del cuidado que tenemos que tener con ella y de su significado como patrimonio natural de todos los seres humanos de las generaciones pasadas, presentes y futuros. Por lo anterior la bioética no sólo marca la pauta en las relaciones de los seres humanos y la naturaleza sino también nos orienta en las relaciones que surgen entre los mismos seres humanos al tener que definir entre ellos cómo se van a utilizar, cuidar y compartir los recursos que la naturaleza nos proporciona.

Ginebra, Suiza, 17 de Julio de 2008: la Argentina tomó posición en las negociaciones sobre subsidios a la pesca que se llevaron a cabo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). “El documento copatrocinado por la Argentina, cita la experiencia común de la región, que demuestra que cualquier crecimiento y expansión de la actividad pesquera debe ir acompañada de medidas para promover la sostenibilidad de los recursos. Los países reconocen la existencia de información científica que revela la crítica condición en que se encuentran los recursos marinos, y reafirman que la flexibilidad para otorgar subsidios en países en vías de desarrollo no puede ser un 'cheque en blanco'. Sostienen, además, que los obstáculos que muchos países en desarrollo deben enfrentar para implementar medidas de manejo pesquero, no pueden ser una excusa para no exigirlas”.
Esto es lo que Cristina Kirchner muestra ante el mundo. Lo que no dice es que paga "reintegros" a empresas extranjeras y piratas radicadas en la Patagonia que además pescan en Malvinas triangulando permisos de pesca.

Una mirada extranjera del caso

La voz de Galicia 29/10/06: "La Argentina expulsará a la flota gallega con licencia en las Malvinas, La numerosa flota gallega que faena de forma simultánea en aguas de Argentina y de las islas Malvinas, frente a las costas latinoamericanas, tendrá que elegir dónde va a seguir trabajando".
Ahora John Burton, ministro de Pesca de Malvinas: "El caladero de Malvinas no puede acoger más barcos. La mayoría de los recursos ya están explotados al máximo". En el caladero de las Malvinas faenan 18 congeladores gallegos que embarcan a casi 500 tripulantes. Alguna de las 12 armadoras tienen barcos también en aguas argentinas, pero Buenos Aires pretende dictar una Ley que pretende expulsar a aquellas compañías que tengan licencias en los dos caladeros.
Ergo, lo arriba expresado en La voz de Galicia es el reconocimiento tácito de España acerca de que posee una flota de "doble matriculación", esperando ser echada del caladero argentino.
El problema es que, el caladero, como Aerolíneas, es un negociado que beneficia a los piratas, no a la Argentina.

¿Desconocen los legisladores el tema de los subsidios a los piratas?
Ni siquiera el Estado en su conjunto sabe lo que ocurre con la pesca, más allá de los organismos gubernamentales específicos. La actividad pesquera fue, desde siempre, una incógnita social que esta reservada sólo para aquellos que se vinculan directamente con ella. Mi humilde aporte a la República tiene que ver con poner en conocimiento fehaciente la depredación e ilegalidades en el sector pesquero que el Gobierno oculta al país en su entrega.
Oportunamente, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26386. Esta ley, si se aplicara, es un golpe directo a los kelpers, perjudicando su ingreso que los eleva por sobre Gran Bretaña gracias a las ventas de permisos de pesca para su explotación en el área de Malvinas. Los isleños embolsan unos 40 millones de libras al año siendo selectos de un “Estado benefactor”. Esas palabras las utilizó un funcionario inglés expresándose sobre este tema, adunando que 3.000 habitantes, llamados kelpers, tienen una renta mayor a la española, de 25.000 dólares anuales.

Cristina Kirchner profundiza el modelo de generación de empleo y riqueza a los piratas extranjeros.

La Ley Nº 26386 introduce en su Art. 2º —como último párrafo del artículo 28 de la Ley 24.922, Régimen Federal de Pesca— el siguiente texto: "En el caso de comprobarse que un titular de un permiso de pesca que cuente con cuota/s de captura asignada y/o autorización de captura en los términos de la presente ley viole algunas de las prohibiciones previstas en los incisos a), b), y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente".
¿Cómo se entiende que nadie aplique la normativa? ¿Será por esas dualidades bipolares que, tal como regalamos casi 1.000 millones de dólares a Marsans, entregamos el mar?
Meses atrás, los armadores le dirigieron una nota al canciller Jorge Taiana planteando su inquietud por este tema. En ella, repudiaron a quienes "operan simultáneamente en nuestra Zona Económica Exclusiva y en las aguas unilateralmente determinadas por quienes ocupan ilegítima e ilegalmente parte de nuestro territorio" y reclamaron que se "castigue este tipo de accionar.
A pesar de esto, hoy pagamos suculentos reintegros, premiando a empresas extranjeras radicadas en la Patagonia y que operan actualmente con la sanción de la Ley en Malvinas y la Argentina.
Es dable resaltar que en estos días los gobernadores patagónicos están haciendo una fuerte presión para el pago de subsidios a los productos elaborados por los buques congeladores y factorías ilegales y depredadores de estas empresas extranjeras. Esto genera más prebendas en contra del interés nacional y los armadores nacionales que generan puestos de trabajo en tierra. Este aparente sinsentido tiene un "sentido" en la caja que llenan los extranjeros a políticos, funcionarios corruptos y sindicalistas cómplices.
De esto los paladines sindicales marítimos tampoco hablan, pero sí cobran por su silencio
Un ejemplo: Pescapuerta es la armadora del apresado años atrás Johncheek. El caso impactó más que otros similares, porque el buque enarbolaba el pabellón de la ocupación británica de las Islas Malvinas, y la misma empresa posee otros nueve buques en la misma situación y cinco buques operando con licencia de la Argentina, que reclama la soberanía sobre esas islas y desconoce sus decisiones autónomas.
A la fecha, Pescapuerta opera con una importante flota que consta de de tres buques de arrastre congeladores y dos buques marisqueros que operan en la Argentina. Y encima les pagamos reintegros.

Señores legisladores, aquí está la prueba que ustedes desconocen

Pescapuerta opera con permisos de pesca ilegales, con nulidades en su emisión como lo registra el expediente de Pescapuerta IV, el cual especifica que el permiso que posee es transferido del buque Mar Pionero que estaba dado de baja por la Dirección de pesca. Sugestivamente, en el mismo expediente hay firmas borroneadas e ininteligibles.
El expediente del Pescapuerta V proviene del buque Aracena sin cupo de captura e igualmente ilegal, el cual fue triangulado y por ende es nulo bajo la ley de Procedimientos Administrativos.
Lo mismo sucede con Argenova, un grupo internacional que posee quince buques de arrastre operando en la Argentina. Es una empresa que también tiene buques con permisos de pesca ilegales, auditados por la UBA.
A este grupo se le permite pescar en zonas de veda con buques tramperos y palangreros, bajo el rotulo pesca selectiva, el juvenil va al mar. Esto es más que un desafío al intelecto, pues en la veda habitan especies mayores desovantes. Lo grave de esto es que se llevan los reproductores, porque les dejamos depredar y nadie dice nada.
Este grupo líder, con gran poder de lobby, hizo que el presidente español, Rodríguez Zapatero, enviara a su ministro de pesca, Elena Espinosa, para presionar al ejecutivo de nuestro país en la baja de tasas que abonan las empresas Españolas, para exportarse a sí mismas la materia prima argentina, reclamando compensaciones por los destrozos de sus empresas en la Patagonia en las pasada huelgas.
Ahora, sería interesante poner la lupa sobre Argenova, Polar y Nova Seafish en Malvinas.
En las Islas Malvinas, mediante las empresas mixtas Polar y Nova Seafish, Pescanova se dedica principalmente a la pesca de calamar loligo, también otras especies de aquellas aguas.
Recientemente, Argenova acaba de ratificar su conducta al no poder aportar informes que certifiquen fehacientemente la cría de langostinos en la Patagonia, tema que canjeó por permisos de pesca provinciales.
La magnitud de ilegalidades de esta empresa es convergente a su impunidad y divergente al bolsillo de los funcionarios pesqueros, ellos manejan a representantes de Santa Cruz y Chubut en el Consejo Federal Pesquero, como lobbistas propios, al igual que a Gerardo Nieto subsecretario de Pesca.
Todos sabemos la “debilidad” de los Kirchner por entregarle patria y prebendas al Rey de España y sus empresas. Ellos tuvieron un encuentro privado donde participaron representantes de 14 empresas: Pescargen, Vieira Argentina, Abrumasa, Pesca Austral, Pescapuerta Argentina, Ibermar, Pereira Argentina, Ibercon de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Argenova, Congeladores Patagónicos, Empesur, Pescargen Deseado y Conarpesa.

La realidad nos muestra recursos en colapso y funcionarios felices

Como si todo lo expresado no alcanzara para mostrar la depredación e ilegalidad a las que el dúo K somete a nuestros recursos y trabajadores, la ONG internacional Oceana, con sede europea en Madrid, reclamó a la Audiencia Nacional de España que inicie investigaciones sobre las actividades relacionadas con la pesca ilegal que un buen número de ciudadanos españoles y empresas con capital español, llevan a cabo tanto en aguas internacionales como en la zona económica exclusiva de muchos países y puntualmente en la Argentina.
Nuestros señores legisladores deberían iniciar las pertinentes investigaciones para saber por qué pagamos a piratas por llevarse nuestro pescado. Aplicar la ley es algo que el Ejecutivo no va llevar a cabo; y creer que los integrantes del Consejo Federal Pesquero —cueva de malandras— lo va a realizar, es tan utópico como amarrar perros con longanizas.
Queda demostrado que el Gobierno no sólo vulnera legislación nacional al permitir este despojo a la Nación sino que se vulneran tratados de índole internacional que serán denunciados por quien suscribe al finalizar el mandato de los Kirchner, cuando regrese la Justicia a la Nación. No obstante, si algún legislador puede hacerlo le ofrezco un voluminoso material probatorio para ello.
Solicitar a la señora Presidente que salga de su "autismo pesquero" e impulse a la AGN a dar la baja de los permisos de pesca de todos los buques de las empresas que operan en Malvinas y el territorio es más o menos como tirar piedras a la luna.
Por lo tanto, solicitamos al Defensor del Pueblo de la Nación que investigue la violación al tratado Internacional de pesca de altura y ponga la lupa respecto al artículo 94 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar (Montego Bay, Jamaica, 1982), donde se insta a los Estados a investigar cualquier accidente marítimo o cualquier incidente de navegación en alta mar en el que se haya visto implicado un buque que enarbole su pabellón y en el que hayan perdido la vida o sufrido heridas graves nacionales personas de otro Estado. Incluso donde se hayan ocasionado graves daños a los buques, a las instalaciones de otro Estado o al medio marino.

Senadores y diputados deben revocar los permisos de pesca instando acciones en favor del Estado argentino

El Código de la OMI para la investigación de siniestros y sucesos marítimos —resolución A.849/20, enmendado por la resolución A.884/21— reconoce los derechos establecidos de los Estados de enjuiciar o de extraditar —de conformidad con el derecho internacional— a las personas acusadas de conducta delictiva, reconociendo que los Estados deben investigar los accidentes marítimos y admitiendo también que la cuestión del trato justo de la gente de mar es responsabilidad directa de los Estados rectores de puertos o ribereños, los Estados de abanderamiento.
Llamamos al poder legislativo a terminar con la impunidad aplicando normas vigentes en defensa del caladero y la soberanía nacional.
Los armadores Pereira y Conarpesa deben afrontar el pago del gravísimo daño ambiental por naufragio del Puente América y Carlos Álvarez hundido en situación muy dudosa con víctimas Sergio Araya y Gustavo Vitale, cuyos cuerpos permanecen en el fondo del mar.
El marco normativo nacional es voluminoso en legislación inaplicada por un Estado ausente ex profeso, como matriz K de entrega nacional.
Del Honorable Congreso de la Nación, así como la AGN, Sigen, PTN y el Defensor del Pueblo, depende la aplicación de la Constitución Nacional, especialmente cuando el Ejecutivo la vulnera causando perjuicios a recursos patrimonio de generaciones futuras de argentinos.
No existe Estado ni sociedad posible sin la correcta aplicación de las leyes. Años atrás Cristina Kirchner arengaba a sus diputados desde su banca para la privatización de YPF, apoyando la licuación de recursos argentinos para transferir plata a sus arcas. Revisando su pasado no es extraño este presente.
De la misma manera que hoy juzgan a los genocidas que detentaron el poder político ayer, se juzgara a los Kirchner mañana pues su política pesquera es otra clase de genocidio.
"Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas" San Agustín.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

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