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El 12 de octubre de 1973 asumía Perón la tercera presidencia con el voto directo de 7.359.252 argentinos, un 61,85% del total de los votantes. En el marco de este gobierno constitucional el 14 de noviembre de 1973 se dictó la ley 20.561 donde se fijaba el 10 de junio como día de la «Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas del sur y sector antártico», fundado en que ese día, en 1829, se creaba la primera Comandancia Política y Militar y, se designaba a Luis Vernet, como primer gobernador de las islas Malvinas y del territorio marítimo e insular austral.
Se establecía en esa ley que ese día «se conmemorará en todos los establecimientos de enseñanza del Estado y particulares, unidades y oficinas de las Fuerzas Armadas, sedes judiciales y dependencias de la administración pública con actos alusivos y asimismo y como protesta simbólica contra las agresiones sufridas por la República en la región, se embanderarán e iluminarán obligatoriamente en esa fecha, todos los edificios donde funcionen dependencias oficiales».
Luego, ya en 1994 se reformaba la Constitución Nacional donde la Nación Argentina ratificaba «su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
Desde la invasión inglesa del 3 de enero de 1833 de las Islas, pasando por la recuperación de Malvinas en 1982 y la nueva ocupación británica, se han dictado un conjunto de normas internacionales claramente favorables a nuestro país, como las Resoluciones de las Naciones Unidas 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73; 3175/73 y 3336/74; y, otras nacionales, como la Constitución Nacional y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; las leyes nacionales 17.319, 23.775; 24.922; 26.386; 26.659 y 26.915, que dejan de manifiesto la vocación de los argentinos de reafirmar sus derechos soberanos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los territorios marítimos del atlántico sur y océano austral.
Sin embargo, los gobernantes de turno, que debieran recordar que la soberanía reside en el pueblo, promueven acuerdos contrarios a esta voluntad popular, bajo pretexto, que a través de la cooperación o la cesión se habrá de alcanzar la restitución de los territorios usurpados.
El 13 de septiembre de 2016 la entonces canciller Susana Malcorra autorizó a su Secretario de Relaciones Exteriores Carlos Foradori a declarar junto al ministro para Europa y las Américas Alan Duncan: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, manteniendo la “fórmula del paraguas»”. Aquellas declaraciones las mantiene vigentes -pese a la oportuna y unánime oposición del Congreso- el actual Canciller Jorge Faurie, quién avanza en reuniones conjuntas, que al igual que cuando se efectuaron los mal llamados “Acuerdos de Madrid” firmados por Cavallo en 1989/90, esconderían razones económicas: entonces el levantamiento de las sanciones comerciales de Europa y, tal vez hoy, las condiciones no escritas del acuerdo con el FMI.
Se desprecian los derechos soberanos argentinos sobre sus espacios territoriales, los derechos sobre sus recursos naturales, los efectos económicos sobre los trabajadores argentinos, las empresas y los pueblos que viven de la explotación pesquera y, muy especialmente, los esfuerzos de los combatientes de Malvinas, sus muertos y heridos.
La posibilidad de vuelos semanales a Brasil, Paraguay y Uruguay desde y hacia las Islas con dos escalas mensuales en Argentina, y la carga de insumos y alimentos para las poblaciones de las Islas y los buques extranjeros y, el recambio de tripulaciones para los más de 500 buques de terceros países que operan en el Atlántico Sur, transformarían a Malvinas en el centro logístico pesquero más importante del cono sur, lo que junto a los anuncios de la construcción de una zona franca en Uruguay por parte de China, no solo llevaría a la quiebra de la actividad pesquera argentina, sino acrecentaría aún más la ocupación extranjera en el Atlántico sudoccidental, consolidando la posición británica en Malvinas y, como indica el jurista Armando Abruza: «el debilitamiento gradual de la posición jurídica y política argentina, apelando en el futuro a la adopción de diversos textos legales…».
El «Control de la pesca con las fuerzas de Seguridad de Argentina y la Royal Marine Británica» habrá de favorecer claramente al gobierno inglés en las Islas, ya que el principal recurso de las Islas es el otorgamiento de licencias pesqueras y, por otra parte la «Cooperación Científica en la latitud de 45º Sur y 60º Sur y, la Convocatoria al Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS)» resulta inadmisible porque se le aportaría a los británicos -una vez más- información científica sobre el ecosistema argentino; una información que a la luz de la dependencia económica que tienen las islas a la captura del calamar, resulta confidencial y estratégica para nuestro país.
La Cancillería Argentina, sin el sustento de la mayoría de los argentinos, viene -a nuestro entender- tomando determinaciones contrarias respecto a la reafirmación de los derechos soberanos de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, es decir, acciones contrarias a la Constitución Nacional. Desde el inicio de la democracia en 1983 los cancilleres Caputo, Cavallo, Di Tella, Taiana, Malcorra y ahora Faurie han sido partidarios de políticas de cooperación con el Reino Unido, cuyos comportamientos han sido hostiles con la Argentina; calificación, que puede sonar un poco fuerte, pero, no parece que podamos aplicar otra a Gran Bretaña que mató a argentinos; ocupa y establece en Malvinas la más importante base militar del atlántico sur; avanza en forma creciente ocupando millones de km2 de territorios marítimos; reivindica derechos sobre nuestra Antártida Argentina y nuestra Plataforma Continental; se queda, explota y depreda nuestros recursos naturales y se ha negado sistemáticamente a discutir la soberanía de Malvinas.
El estado actual de cosas en el Atlántico Sur y, en especial, la creciente ocupación extranjera de territorios marítimos e insulares nacionales es suficiente demostración del fracaso argentino y su cancillería en esta materia.
La reafirmación de derechos no se declama, se conmemora y se ejerce.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca
