Qué es y cómo se compone el Tribunal Eclesiástico

Un Tribunal Eclesiástico es un organismo de la Iglesia que presta a la comunidad eclesial el servicio de la administración de justicia. La Iglesia, por tratarse y ser también una sociedad formada por hombres y mujeres, se puede hablar en ella, como en cualquier otra comunidad, de implantación y cumplimiento de la justicia, pero no una justicia cualquiera, sino de una justicia típicamente eclesial, que busca dar lo suyo a las personas y a las instituciones dentro de la Iglesia y con arreglo a los fines de la misma.

Se le llama tribunal  porque administra justicia y sus directos encargados son el Papa y los Obispos, quienes por derecho divino, tienen la obligación de dirimir los “malos entendidos” entre los hermanos, de predicar y defender la verdad, de cuidar el bien de los fieles, y sobre todo de indicar el camino de santidad al rebaño que se les ha confiado. Ellos pueden hacerlo por sí mismos o través de otros, generalmente sacerdotes canonistas u otros ministros de probada virtud.

Los Tribunales de la Iglesia ejercen la potestad judicial en nombre del Papa en el caso de los Tribunales de la Rota Romana y la Signatura Apostólica; y en nombre de los obispos en los Tribunales Diocesanos.

La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: a) las causas que se refieren a cosas espirituales o anejas a ellas; b) la violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de penas eclesiásticas. Determinados temas tienen sus procedimientos y tribunales especiales, como por ejemplo las causas de canonización de los Siervos de Dios, que se rigen por una ley pontificia peculiar. En cuanto a los varios tribunales de la Santa Sede son:

1. El Romano Pontífice, que es juez supremo por todo el mundo católico, y juzga por sí mismo, o por los tribunales ordinarios de la Santa Sede, o por jueces delegados.
2. La Signatura Apostólica, que es el tribunal supremo de la Iglesia y tiene competencia también en los litigios provenientes de un acto de la potestad administrativa de la Iglesia.
3. La Rota Romana, que es el tribunal ordinario constituido por el Romano Pontífice para recibir las apelaciones. Normalmente actúa como tribunal de tercera instancia.

Después están los tribunales diocesanos o interdiocesanos que son de primera y segunda instancia. La inmensa mayoría de los juicios que tratan estos tribunales son procesos de nulidad matrimonial. En ellos para que se dé sentencia firme hace falta la ratificación del tribunal de segunda instancia, y en el caso de diferir ambas instancias habría que ir a la Rota Romana, como tribunal de tercera instancia. En este tipo de procesos, si la sentencia estima lo solicitado en la demanda, se declara la nulidad del matrimonio desde el momento de su celebración, es decir, que no ha existido vínculo matrimonial.

La composición y funcionamiento de estos es similar al de los tribunales estatales, las personas que trabajan en ellos: vicarios judiciales, jueces, fiscales, notarios, abogados y procuradores; el procedimiento que se sigue: demanda, fórmula de dudas, sesiones, decretos, providencias, declaraciones, pruebas testificales, pericia, sentencia, recurso. Todo el funcionamiento de los tribunales es regulado por un derecho peculiar y propio: el Derecho Procesal Canónico (Libro VII del Código de Derecho Canónico).

Para el mejor funcionamiento en la administración de la justicia, en un tribunal eclesiástico las funciones se distribuyen bajo la responsabilidad de distintos ministros los cuales desempeñan una función específica. A quién compete administrar la justicia en una diócesis es al mismo obispo diocesano. Éste puede delegar su poder judicial a un presbítero que sea docto y versado en jurisprudencia. Así como el poder ejecutivo es delegado en el Vicario general, el poder judicial es delegado en el Vicario judicial.

El Vicario judicial, por ejercer su función con el poder delegado del obispo diocesano, es quien encabeza el Tribunal eclesiástico. Es su responsabilidad dar cuenta del estado y actividad del tribunal diocesano al obispo, además de tener la libertad de dictar sentencia, salvo las causas que el obispo mismo se reserve a su persona. Evidentemente por ser quien encabeza el Tribunal diocesano y por ser quien administra la justicia en la diócesis, es la autoridad en el tribunal, quien coordina el trabajo judicial y quien al fin y al cabo es el último responsable del trabajo en el Tribunal.