Malvinas: El día que Argentina echó al pirata invasor de nuestros mares

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Un día como hoy, el gobierno de Estela Martínez de Perón, echó a Gran Bretaña del Mar Argentino defendiendo los intereses soberanos nacionales… un mes después, el golpe cívico-militar.

El pico de la crisis se alcanzó el 4 de febrero cuando el destructor de la Armada Argentina ARA Almirante Storni, se dispuso a detener al buque de investigación oceanográfica británico RRS Shackleton que navegaba a 78 millas al sur de Puerto Argentino (Stanley en aquél entonces). Desde el destructor se ordenó: «Detenga las máquinas o abriré fuego». El motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se hallaban dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de las Islas (no fue hasta 1989 que Gran Bretaña obtuvo el control de las aguas de Malvinas mediante los Tratados de Madrid).
La Presidente de la Nación dio venia al posible ataque. Según algunos informes, también se creía que Lord Shackleton se encontraba a bordo. El capitán del buque británico, actuando bajo órdenes radiales del gobernador de las Malvinas, Neville French, no detuvo la marcha, se rehusó a recibir un grupo de abordaje o seguir al Storni al puerto de Ushuaia. Con el fin de aumentar la presión, las acciones del destructor fueron apoyadas por un avión de reconocimiento marítimo Neptune de la Armada. El destructor entonces hizo varios disparos sobre la proa del Shackleton que a pesar de ello prosiguió su ruta hacia la capital de las Islas. El buque argentino no persistió en su accionar pero siguió a la nave inglesa hasta seis millas de ese puerto donde finalmente emprendió el retorno. El hecho que la nave argentina se haya limitado a realizar algunos disparos y que no emprendió ninguna otra acción a pesar de su capacidad, parecería demostrar que sólo se buscó enviar un aviso: no se le reconocían derechos a Gran Bretaña para incrementar el desarrollo económico de las Islas. Ante los hechos, se sucedieron las protestas británicas ante el Gobierno argentino y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En marzo de 1975 se presenta en Gran Bretaña un informe titulado «Geology of the Region around the Falkland Islands», preparado por el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Birmingham y sus autores fueron P.F. Barker, J. Burrel, P. Simpson y D.H. Griffiths.
Según el informe existían grandes posibilidades de encontrar petróleo en el mar adyacente de las Islas Malvinas, pero no en el archipiélago en sí. Por lo que el gobierno británico debería de idear un plan para pasar a dominar las aguas lindantes a Malvinas, que hasta el momento, eran de dominio argentino.

En tal sentido, Gran Bretaña comienza a planear una defensa militar a largo plazo, denominada «fortaleza Malvinas» (lograda tras la guerra de 1982). Los funcionarios británicos preveían que si Inglaterra no negociaba seriamente la soberanía de las Islas con Argentina, perderían sus derechos por la presión de la Comunidad Internacional; o bien, se desencadenaría irremediablemente, un conflicto bélico el cual no podrían afrontar, dada la pobre capacidad defensiva en las Islas.

El 19 de marzo de 1975, la Cancillería argentina emitió un Comunicado de Prensa en respuesta de las intenciones británicas. Según este texto, la Argentina no reconocía el ejercicio de ningún derecho en materia de exploración o explotación de recursos naturales: «Teniendo en cuenta que las Islas Malvinas y dichas áreas forman parte integrante del territorio nacional, el Gobierno Argentino de María Estela Martínez manifiesta que en ellas, no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio de ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos por parte de un gobierno extranjero. Por consiguiente tampoco reconoce ni reconocerá y considerará insanablemente nulos cualquier actividad, medida o acuerdo que pudiera realizar o adoptar Gran Bretaña con referencia a esta cuestión que el gobierno argentino estima de la mayor gravedad e importancia.
El gobierno argentino considerará, además, la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada, contraria a las resoluciones y consensos sobre las Islas Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo claro objetivo es la solución de la disputa de soberanía entre los países por la vía pacífica de las negociaciones bilaterales.»

Para julio de 1975, el Reino Unido propuso a la Argentina discusiones para el desarrollo conjunto del Atlántico sudoccidental. El Canciller Vignes aceptó esa posibilidad pero la ató a la transferencia de la soberanía a través de un arriendo (leaseback) por un término fijo. La propuesta argentina incluía la ocupación inmediata de las islas Georgias y Sandwich del Sur con la aquiescencia británica.
A esta propuesta, el Gobierno británico respondió que cualquier acción unilateral sería inaceptable, por lo que el Gobierno argentino rechazó cualquier conversación sobre cooperación económica que excluyera una discusión del tema de la soberanía.
A pesar de la oposición argentina, el gobierno inglés mantuvo sus propósitos y el 16 de octubre confirmó el envío a las islas de una misión económica encabezada por Lord Shackleton.
Ante este anuncio, el 22 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que no se concedía permiso oficial a la misión Shackleton.
Esta reacción echó por tierra las expectativas del Foreign Office de que el envío de una misión patrocinada por el Gobierno, en lugar de una empresa privada, calmaría al gobierno argentino.
La Misión Shackleton, no autorizada por el gobierno argentino, introdujo un cambio sustancial que violaba un tácito principio de no innovar, que ambos países habían respetado hasta ese momento.

El 8 de noviembre de 1975, el representante argentino ante las Naciones Unidas sostuvo que dado que el estado presente de la situación entre ambos países era de ruptura de negociaciones, la Argentina no dejaría de valer sus derechos en la forma que considere más apropiada. El Gobierno británico consideró que este discurso contenía la idea de una acción unilateral por parte de la Argentina.

Pese a ello, el Canciller argentino en ese momento, Ángel Federico Robledo, invitó a Gran Bretaña a tratar el tema de la soberanía. Las autoridades británicas hicieron llegar al Canciller una nota sin membrete (non-paper) en el que informaban que el honorable Lord Shackleton visitaba las Islas aceptando una invitación. El gobierno argentino respondió con otro non paper recordando las leyes sobre autorización para navegar en aguas territoriales argentinas.

A fines de 1975, se llevó a cabo en París una reunión por el Diálogo Norte-Sur. Allí, el nuevo canciller argentino, Manuel Aráuz Castex se encontró con su par británico, el Secretario del Foreign Office James Callaghan, quien le solicitó iniciar conversaciones sobre cooperación económica. Como era de esperar, Araúz Castex expresó su aceptación si se incluía la cuestión de la soberanía. También como era de esperar, la respuesta de Callagham fue que para tratar ese aspecto debía consultar la voluntad de los isleños.
El 17 de diciembre de 1975, Callagham entregó a Aráuz Castex una nota donde proponía una agenda «abierta» para discutir temas de cooperación y cualquier otra cuestión.
En un nuevo encuentro en Roma, Aráuz Castex le propuso a Callagham transformar la misión Shackleton en una empresa de los dos países, «a fin de quitarle su carácter unilateral y provocativo» y que estuviera bajo la dirección de un representante de cada país.
Este ofrecimiento de investigación conjunta fue rápidamente distorsionado por los británicos. Mientras que para los argentinos se trataba de poner toda la operación bajo la dirección de un paraguas binacional, para Callagham esto se tradujo en que la Argentina podía incorporar tres técnicos a la expedición, uno en temas económicos, otros marítimos, y un tercero en petróleo. La Argentina elevó la lista de tres nombres pero uno de ellos fue sólo aceptado como asesor. En vista de ello, Aráuz Castex concluyó que las verdaderas intenciones del gobierno inglés eran llevar adelante la expedición sin la participación argentina.

El 3 de enero de 1976 desembarca en Malvinas la Misión Shackleton a bordo del buque HMS Endurance. El Canciller argentino sostuvo que el arribo del enviado británico en esa fecha, coincidente con la ocupación de las Malvinas en 1833, era una «coincidencia hostil y desconsiderada» y que por ello el Gobierno argentino consideraba que el Gobierno británico había roto unilateralmente con las negociaciones.
La tensión entre ambos países había aumentado. La Presidente María Estela Martínez de Perón mantuvo reuniones para analizar la situación con el canciller Aráuz Castex y los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas: el general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti (quienes pocos meses después la desplazarían en el cargo).
Allí se analizó el texto de un Comunicado de Prensa que fue finalmente publicado el 5 de enero de 1976 por la Cancillería para contestar a lo que consideraban una «ruptura unilateral» de las conversaciones por parte de los británicos: «Ante tal comprobación, la Cancillería argentina estima inadecuado avenirse a considerar temas que, frente a aquella reticencia, resultan insustanciales con relación al problema verdadero, y no conducentes por lo tanto a la justa solución del mismo… Como consecuencia de ello el Pueblo de la República debe estar advertido de que su gobierno, juntamente con las Fuerzas Armadas y demás organizaciones institucionales que estructuran el Estado argentino, comparten inquebrantablemente el celo de aquél por la defensa de la dignidad y los derechos de la Nación; y que actuarán sin precipitación pero con toda la persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para logra justicia.»

Ante esta escalada en la tensión de las relaciones, Callagham envió el 12 de enero un mensaje a la Cancillería argentina en el que sostuvo que el tema de la soberanía era una «disputa estéril» y en un intento conciliatorio los invitó a mantener conversaciones confidenciales. La respuesta fue inmediata. El 13 de enero el Ministro de Relaciones Exteriores respondió, lamentando «no encontrar ningún elemento positivo que justifique la reapertura de negociaciones».
El mismo día la Cancillería argentina informó que su embajador ante Gran Bretaña, Manuel de Anchorena, no retornaría a Londres y que había comunicado al Gobierno del Reino Unido que sería aconsejable que retirara el suyo, Derek R. Ashe, de Buenos Aires. A partir de ese momento, las relaciones se mantuvieron congeladas a pesar de que ambos gobiernos aseguraron que los hechos no implicaban una ruptura diplomática.

El 14 de enero, Callagham declaró ante los Comunes que la tradicional amistad entre ambos gobiernos se encontraba entorpecida por razones de soberanía, pero que el gobierno del Reino Unido entendía que era imprescindible para el desarrollo económico de las Islas contar con cooperación económica del territorio continental. Agregó, también, que «con buena voluntad, el Reino Unido y la Argentina podrían transformar el área de disputa por la soberanía sobre las Islas en un factor de cooperación entre ambos países, de acuerdo con los deseos e intereses de los malvinenses».
En medio de la crisis, el 15 de enero, el canciller Aráuz Castex fue reemplazado por el embajador Raúl Quijano, quien, del otro lado del Atlántico, destacó que las relaciones entre ambos países no estaban rotas. Al mismo tiempo las comunicaciones con las Malvinas se mantuvieron normales. Es claro que el gobierno argentino no deseaba cerrar todos los canales de comunicación. Los británicos tampoco quisieron agravar la situación.

Pocos días más tarde, el 27 de enero, el Ministro de Estado del Foreign Office declaró ante la Cámara de los Lores que: «…no habrá cambios en la soberanía británica sobre las Islas Falkland en contra de los deseos de los isleños. Pero el gobierno de Su Majestad estima… que se atenderá mejor a los intereses a largo plazo de los isleños mediante vínculos estrechos y amistosos con la Argentina.»

Mientras ambos gobiernos trataban de mantener la situación de tensión bajo control, algunos sectores en la Argentina solicitaban una acción más enérgica. En efecto, el mismo día, el líder de la bancada de la oposición, Antonio Trócoli (UCR), hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Por éste trámite, quiso saber qué otras medidas se habían considerado además del retiro de los embajadores y si ello era todo lo que el país podía hacer para castigar a Gran Bretaña.
En medio de la crisis, el 16 de enero, un buque de transporte de la Armada Argentina desembarcó en Puerto Stanley (Puerto Argentino pasó a llamarse desde el 2 de abril de 1982), 750 toneladas de equipo y cincuenta miembros del cuerpo de ingenieros del Ejército. En la capital de las Islas muchos pensaron que se hallaban ante el preludio de la invasión. Sin embargo, un mensaje del Foreign Office desde Londres, enfrió los ánimos al informar que el desembarco del equipo era legítimo y que se trataba del material para extender la pista de aterrizaje según se había acordado en 1972 en concordancia a un acuerdo previo.

Durante esos días, la prensa británica reprodujo artículos escritos por isleños donde se expresaron sus temores acerca de que el Foreign Office los hubiera «vendido» y que como «peones que eran, se transformarían en las víctimas de una batalla diplomática perdida».

Los organismos regionales se expidieron en apoyo de la Argentina. La Organización de los Estados Americanos sostuvo que la exploración del potencial económico de las Islas constituía una amenaza a la seguridad hemisférica. También el 16 de enero, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA declaró en Río de Janeiro que la Argentina tenía un inobjetable derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas. Calificó a la misión Shackleton como una «innovación unilateral» que violaba las Resoluciones de las Naciones Unidas 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) y que amenazaba la paz internacional y la de toda América Latina; por último, que todas esas acciones implicaban un esfuerzo hostil para silenciar los reclamos argentinos y obstaculizar el progreso de las negociaciones solicitadas por la Asamblea General.

Con posterioridad, Gran Bretaña rechazó, en una nota presentada a la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas, la declaración de la Comisión Jurídica de la OEA. El pico de la crisis se alcanzó el 4 de febrero cuando el destructor de la Armada Argentina ARA Almirante Storni, se dispuso a detener al buque de investigación oceanográfica británico RRS Shackleton que navegaba a 78 millas al sur de Puerto Argentino (Stanley en aquél entonces). Desde el destructor se ordenó: «Detenga las máquinas o abriré fuego». El motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se hallaban dentro del límite de la jurisdicción argentina de las 200 millas alrededor de las Islas (no fue hasta 1989 que Gran Bretaña obtuvo el control de las aguas de Malvinas).
La Presidente de la Nación dio venia al posible ataque. Según algunos informes, también se creía que Lord Shackleton se encontraba a bordo. El capitán del buque británico, actuando bajo órdenes radiales del gobernador de las Malvinas, Neville French, no detuvo la marcha, se rehusó a recibir un grupo de abordaje o seguir al Storni al puerto de Ushuaia. Con el fin de aumentar la presión, las acciones del destructor fueron apoyadas por un avión de reconocimiento marítimo Neptune de la Armada. El destructor entonces hizo varios disparos sobre la proa del Shackleton que a pesar de ello prosiguió su ruta hacia la capital de las Islas. El buque argentino no persistió en su accionar pero siguió a la nave inglesa hasta seis millas de ese puerto donde finalmente emprendió el retorno. El hecho que la nave argentina se haya limitado a realizar algunos disparos y que no emprendió ninguna otra acción a pesar de su capacidad, parecería demostrar que sólo se buscó enviar un aviso: no se le reconocían derechos a Gran Bretaña para incrementar el desarrollo económico de las Islas. Ante los hechos, se sucedieron las protestas británicas ante el Gobierno argentino y ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La Argentina protestó y acusó al Gobierno británico de haber violado las normas relativas a la jurisdicción marítima, en tanto que el Reino Unido denunció la actuación del buque argentino como un «peligroso» hostigamiento contra un buque que navegaba pacíficamente para efectuar «un relevamiento científico en la zona».

Sin embargo, el enfrentamiento no escaló. Al día siguiente de los disparos, Edward Rowlands, Ministro de Estado del Foreign Office, afirmó ante la Cámara de los Comunes que harían «todo lo posible para enfriar la situación» pero fue ovacionado cuando sostuvo que la posición del Gobierno era clara: respetar los deseos de los isleños.

Las consecuencias de la acción argentina no tuvieron mayor impacto sobre la política británica hacia las Islas y prevaleció el status quo. Los isleños persistieron en su empeño de permanecer bajo la soberanía británica, el Foreign Office continuó tratando de alcanzar algún grado de cooperación económica de todas las partes involucradas, y muchos argentinos continuaron exigiendo soberanía plena sobre las Islas. Al respecto el canciller Quijano afirmó: “el centro de nuestra discusión es… soberanía… No podemos avanzar y si el Reino Unido no desea discutir el este tema nosotros no podemos tratar los otros temas. Por supuesto que estamos muy interesados en la cooperación económica y las comunicaciones, pero sin soberanía estos son temas mucho más periféricos”.

19 de febrero de 1976, el Estado Mayor británico aprueba una evaluación militar sobre las posibles opciones y limitaciones militares, comienza la planificación británica que luego aplicará en 1982. Para ese entonces, Gran Bretaña temía una acción militar argentina que dejaría sin chances al Reino Unido de recuperarlas, por la fuerte presión internacional tras el incidente del día 4. Argentina estaba reclamando cada vez con más presencia el diálogo por la soberanía y a Inglaterra se le acababa el margen de acción. Necesitaba ganar tiempo para tenerlo en su favor. Pronto lo iba a obtener, casual o causalmente.

El 17 de marzo, el Congreso Nacional avaló la expulsión del embajador británico. Mediante una acción de repudio que tenía la aprobación en forma unánime de las dos Cámaras, instaba a Gran Bretaña a entablar un diálogo serio de soberanía, bajo pena de romper las relaciones diplomáticas en forma definitiva. Además, proponía reemplazar el árbitro (Gran Bretaña) para mediar por los límites territoriales entre Argentina y Chile. Se había aprobado citar al Canciller argentino en una sesión secreta, para el día 24 de marzo, a los fines de planificar una respuesta contundente a Gran Bretaña y delinear los pasos a seguir, para evitar el avance inglés sobre aguas argentinas. El 24 de marzo por la mañana, tras el golpe cívico-militar, se cierra el Congreso. ¿Casualidad o causalidad?

Nota original publicada en 2011 en el periódico «El Malvinense». Principales aportes de informe de Diego Mazzieri (Año 2012).